La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un retroceso en materia de derechos humanos.
El 10 de junio el senador Ricardo Monreal (Morena) presentó una inciativa que reforma el artículo 28 constitucional con el objetivo de extinguir la comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para fusionarlos en un único porgano regulador con el nombre de Instiuto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) bajo la premisa de que esto traería ahorros al país.
La reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión (LFTR) ocurrida en el 2013, fue un logro de la presión y la lucha social de distintas organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellos, la de los pueblos y comunidades indígenas por el reconocoimiento al pleno ejercicio de su derecho a la comunicación.
Al respecto escuchemos a Eric Huerta de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
A decir de las organizaciones sociales, la extinción de estos organismos autónomos, en especial de la IFT, implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, como el derecho a la comunicación y a la libre expresión, en un país con una marcada brecha digital.
La iniciativa no considera las necesidades reales e imperativas en el sector de telecomunicaciones, ni la deuda que permanece con poblaciones históricamente rezagadas y marginadas que no tienen acceso a las herramientas necesarias para el ejercicio de sus derechos.
